Minería
1 de octubre de 2024

Foro: “Análisis de la coyuntura del mercado de gas”. Panel II: Importación y regasificación

Por: Daniela María Orjuela Fonseca[1]

El 17 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el Foro: “Análisis de la coyuntura del mercado de gas”. Durante el segundo panel, titulado “Importación y regasificación”. El moderador Augusto Lemaitre (CEO de Adelante Consultores en Reputación) comenzó con una breve introducción sobre el Gas Natural Licuado (GNL), describiéndolo como una fuente energética relativamente nueva, cuya primera importación en el país fue en 2016. A continuación, presentó a los panelistas el contexto actual del abastecimiento de gas en Colombia, destacando la complejidad creciente de distribuir gas en todo el territorio nacional. En ese marco, planteó la pregunta: ¿qué alternativas nos quedan? ¿Reconvertirnos al uso de combustibles líquidos o carbón?

La Dra. Sandra Manrique, docente de la Universidad Externado, resaltó la importancia de que cualquier proyecto futuro no solo se enfoque en su lanzamiento, sino también en cómo este saldrá al mercado. Señaló que no solo se requiere espacio físico, sino también la expansión del sistema nacional. En cuanto a la importación de GNL, afirmó que no hay señales claras ni decretos que indiquen cuándo se comenzará a regular la demanda. A pesar de esta incertidumbre, consideró que no sería conveniente regresar a los combustibles líquidos.

Por su parte, Mauricio Palma, Subdirector de Hidrocarburos de la UPME, afirmó que la entidad identificó la necesidad de una nueva planta de regasificación en la infraestructura de gas del Pacífico. Sin embargo, no se ha abierto la tercera convocatoria para la planta, ya que se requieren modificaciones en las reglas regulatorias y para los inversionistas dentro del marco de la sostenibilidad. La UPME publicó un anexo con “acciones recomendadas”, en el que se plantean los beneficiarios directos (aquellos que se benefician directamente de la obra) e indirectos (quienes se benefician de su existencia). También mencionó que la fecha para la infraestructura de gas se ha postergado de 2027 a 2030, con la inclusión de beneficiarios directos e indirectos.

Desde la perspectiva de los inversionistas, Oscar Santibañez, Director de LNG para Centroamérica de AES Panamá, y Camilo Patiño, Senior Business Developer de Total Energies Colombia, coincidieron en que lo primero que evalúan las empresas interesadas en invertir en el país es la seguridad, clasificando a los países y subregiones según su estabilidad regulatoria y jurídica. Destacaron que la asignación de riesgos y la estructura de concesión son factores clave, ya que en muchos casos se asignan todos los riesgos al inversionista, lo que, sumado a la inflexibilidad en los plazos de operación, hace que ciertos proyectos no sean viables. Subrayaron la importancia de que el gobierno acompañe en la obtención de licencias ambientales y en la interacción con las comunidades, para evitar que estas perciban el proyecto como una invasión privada. Actualmente, según ellos, los inversionistas enfrentan un gran abandono por parte del Estado.

Santibañez añadió que en Panamá ya se importa GLP y GNLP para uso residencial y que tienen una terminal de regasificación a gran escala. Para diciembre de 2025, anticipó, podrían comenzar a darse avances en Colombia, ya que la terminal panameña permite la carga de cisternas, contenedores grandes o barcos, no solo recibiendo GNL, sino también transportándolo.

Posteriormente, Sandra Castro, Directora de Gestión Técnica de Fedemunicipios, respondió a la pregunta sobre el impacto del déficit en el suministro de gas natural y cómo el GNL podría ser una solución. Señaló que el impacto afectaría directamente la generación de regalías en los municipios, lo que repercutiría en aproximadamente 1,100 municipios que dependen de estos recursos para proyectos ambientales.

Camilo Erazo, Asesor de Regulación del GEB, enfatizó que el plan de masificación del gas se construyó alrededor de gasoductos, pero debido al fenómeno de El Niño, será necesario importar GNL. Subrayó la importancia de pensar a largo plazo y de comprometer a instituciones, inversionistas y actores del sector para hacer realidad nuevos proyectos. También destacó que, desde la Ley 142 de 1994, el modelo establece que los privados son responsables de la infraestructura, por lo que la colaboración con el Estado es de relevancia mayúscula para regular sus actividades.

Finalmente, Luis Fernández concluyó señalando que los costos del GNL y el gas nacional se están igualando, y que el país debe estar preparado para afrontar esta posible solución al suministro de gas, lo que implicaría contratos complejos y a largo plazo. La Dra. Sandra Manrique agregó que, si no se garantiza seguridad a los inversionistas, sería mejor dejar que operen con contratos flexibles o permitir que el Estado asuma la construcción de la planta de regasificación. Cerró el foro con una pregunta clave: ¿Cómo puede el Estado regular algo que no está potenciando?


[1] Estudiante de Tercer Año de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Monitora del Departamento de Derecho Minero Energético. Integrante del Semillero de Investigación del mismo Departamento. Correo: daniela.orjuela@est.uexternado.edu.co.