Minería
12 de agosto de 2024
A manera de balance de prueba del sector M – E (2022 – Agosto – 2024)
Por: Amylkar Acosta
“En política sólo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela”. Antonio Machado
ENTRE LA COHERENCIA Y EL DOGMATISMO
Estábamos acostumbrados a que los aspirantes a gobernar a Colombia hicieran campaña en poesía pero gobernaran en prosa, por ello las promesas incumplidas han sido la regla y no la excepción, lo cual ha derivado en el cansancio y la decepción de los electores. Y esta conduce a lo que denomina el prestigioso politólogo argentino Guillermo O’Donnell la democracia delegativa, entendida como aquella en la que los ciudadanos, exasperados y desencantados por los repetidos fracasos de los gobiernos, están dispuestos a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder carismático, providencial y mesiánico. Cualquier parecido con el caso de Colombia es pura coincidencia.
El Presidente Gustavo Petro rompió con ese paradigma: él hizo su campaña en poesía y se ha empeñado en gobernar en verso, así le toque, como en la época de los presidentes gramáticos, entre los que se destacaron Núñez, Caro, Marroquín, Suárez y Miguel Abadía Méndez, sacrificar un mundo para pulir un verso. Prometió el cambio con un discurso disruptivo, como también lo ha sido su gobierno. Cualquier crítica se les puede hacer a Petro y a sus políticas, también disruptivas, menos la falta de coherencia con sus discursos y su programa de gobierno y a diferencia de sus antecesores él suele pecar más por exceso que por defecto. Nadie, entonces, se puede llamar a engaños ni sorprenderse por el giro y el cambio de rumbo del país, que durante estos dos años de gobierno del Presidente Petro son una realidad incontrastable.
LA CRUZADA CONTRA EL “EXTRACTIVISMO”
En el Programa de gobierno del Presidente Petro se planteó el “desescalamiento gradual del modelo extractivista. Emprenderemos un desescalamiento de la dependencia del petróleo y el carbón”. Y fue enfático al afirmar que “en nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC), se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Estábamos, entonces notificados lo que se nos vendría pierna arriba.
Sin proponérselo, sólo porque por fuerza de las circunstancias le quedó servida la ocasión para poner en práctica el “desescalamiento” del denostado modelo “extractivista” e impedir la gran minería a cielo abierto, en este caso de carbón, el Departamento del Cesar se convirtió en el escenario perfecto para implementarlo. En efecto, el 4 de febrero de 2021 PRODECO, empresa carbonera subsidiaria de la multinacional GLENCORE le devolvió al Estado colombiano dos títulos mineros, de las minas de Calenturitas y La Jagua, a la Agencia Nacional Minera (ANM). Esta decidió no reabrirlas ni reasignar tales títulos, con el firme propósito, como lo dijo su Presidente Luis Álvaro Pardo, de pasar del “extractivismo a una economía productiva”. Ello se ha traducido en más de 5.000 trabajadores cesantes y la perdida de cuantiosos ingresos para la Nación, para el Departamento y los municipios, al tiempo que se están dejando de exportar 15 millones de toneladas. El único rastro que ha dejado en el territorio el fementido paso hacia una “economía productiva” es el publicitado Piloto Distrito minero especial para la diversificación productiva, que nada les dice a los damnificados por este cierre intempestivo de la actividad minera en ese corredor.
Si bien el Gobierno, pensando con el deseo, puede mostrar este caso como su contribución a la descarbonización y al cumplimiento de la meta de Colombia de reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lejos de ello, la demanda por carbón en el mundo alcanzó sus máximos históricos en los años 2022 y 2023, consumiendo 8.300 millones y 8.500 millones de toneladas, respectivamente. Bien dijo Keynes que toda demanda crea su propia oferta, de modo que mientras se siga demandando, como se está demandando, algún país, distinto a Colombia, lo va a producir y exportar, quedándose Colombia con el pecado y sin la gracia.
Lo propio puede afirmarse con respecto a la absurda decisión del Gobierno de prohibir las exportaciones de carbón a Israel, por motivaciones políticas. De darse este paso, Colombia dejaría de exportar 2.45 millones de toneladas/año por un valor aproximado a los US $500 millones, además de $650 mil millones que se dejarían de recibir por concepto de regalías, impuestos y contribuciones. Solamente los departamentos del Cesar y La Guajira verían diezmados sus ingresos por concepto de regalías en más de $100 mil millones!
El sector minero en general se ha visto sacudido por anuncios y decisiones que ha venido tomando el Gobierno que son atentatorios contra la confianza inversionista, tales como el proyecto de ley minera, que pretende reformar el Código de Minas, al tiempo que inaplica las normas vigentes y decreta “distritos mineros” a su libre albedrío y la ANM se distrae con el embeleco de crear un nido burocrático más con el rimbombante nombre de ECOMINERALES, con la pretensión de competir con la empresa privada, a la que en lugar de estimularla se le pretende arrinconar.
Tanto más en cuanto que se está satanizando esta actividad, de la cual dijo refiriéndose a DRUMMOND, una de las multinacionales más importantes, que está desarrollando su actividad extractiva en el Departamento del Cesar y la portuaria en el Departamento del Magdalena, el Presidente de la ANM Luis Álvaro Pardo, “el tren de esta compañía que transporta carbón desde sus minas en el Cesar hacia el Puerto en Ciénaga para ser exportado lleva el veneno no sólo a Europa sino a toda la humanidad. Hoy podríamos decir que este tren, en realidad, está transportando cadáveres, no están ahí, los van a producir sólo porque unas empresas tienen codicia de ganar antes de permitir que la vida sea en el planeta”[1]. Qué tal esto!
La hostilidad hacia la actividad extractiva, se pone de manifiesto en el esperpento jurídico de un Decreto del Ministerio de Ambiente, el 044 de 2024, a través del cual se arroga unas competencias desmedidas y se lleva de calle el principio constitucional de la autonomía territorial, así como sucedió con la delegación de la autoridad minera al Departamento de Antioquia, que se revirtió. Según la norma cuestionada, al declarar un área como “reservas temporales” y so pretexto de protegerlas, puede iniciarse un proceso que puede “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”, aún tratándose de aquella amparada por la Ley. Con señales como estas se está espantando a la inversión y a los inversionistas del sector. La Política Minera de este Gobierno, entonces, se debate entre la coherencia y el dogmatismo, pero alejados del realismo y el pragmatismo.
LA SUERTE ESTÁ ECHADA
En cuanto al sector de los hidrocarburos, tanto la ex ministra Irene Vélez como el actual Ministro Andrés Camacho han seguido a pie juntillas la directriz del Presidente Petro de no abrir nuevas rondas para la asignación de nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Sin fórmula de juicio y desatendiendo las recomendaciones de la Comisión de expertos integrada por el anterior Gobierno, se tomó la determinación de clausurar los dos pilotos en marcha, los cuales tenían por finalidad establecer la viabilidad o no de utilizar la técnica del fracking en el país. El país se quedó sin saberlo.
Y la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, fue más lejos al radicar el proyecto de ley que lo prohibía, el cual fue archivado por tercera vez. Pero, no da su brazo a torcer y, según ha anunciado, por quinta vez lo radicará nuevamente. Estos pasos en falso han terminado por desalentar la inversión y la actividad en el sector, lo cual ha repercutido en la caída de las reservas tanto de petróleo, cuya relación reservas/producción cayó hasta el 7.1, como del gas, que tuvo una mayor caída, hasta el 6.1%.
No obstante, aunque a regañadientes, se ha mantenido la Inversión con la que se asoció ECOPETROL y OXY para explotar un yacimiento no convencional (YNC), el PERMIAN, en los EEUU, utilizando la técnica del fracking, que hoy por hoy es el negocio más rentable con que cuenta la estatal petrolera. Su producción es de 100 mil barriles/día, de los cuales 49% corresponden a ECOPETROL. Al respecto manifestó el Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa que “es satisfactorio reportar estos logros operativos en el marco de actividades seguras, apoyada en procesos innovadores, con tecnologías confiables, tanto técnico como ambiental y dentro de los más altos estándares”[2]. Cabe preguntarse si ello es posible en el territorio estadounidense por qué no lo es en territorio colombiano.
Llama poderosamente la atención que mientras el Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla proyecta llegar a la producción de un millón de barriles al día, cada día que pasa Colombia se aleja más y más de dicha meta, la que alcanzó en los años 2014 y 2015. El tope de la producción de crudo sigue sin superar los 800.000 barriles/día. Y no es para menos, porque no se puede pretender aumentar la producción de manera sostenible si al mismo tiempo no se le incorporan barriles a las reservas y ello sólo será posible cuando se desactive el freno de mano por parte del Gobierno. Estamos en presencia de una dicotomía, pues al tiempo que se descarta la firma de nuevos contratos de exploración y producción, el Ministro, desesperado por el desfinanciamiento del presupuesto, presiona para aumentar la producción de crudo, su principal fuente de financiamiento.
Siempre se ha dicho por parte de los dos titulares de la cartera de Minas y Energía, para justificar la posición del Gobierno, que con los contratos ya firmados se garantizaba el autoabastecimiento del país, que no se requería más. Sin embargo, el Presidente Gustavo Petro en el marco de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, fue más lejos y firmó el Tratado de no proliferación de los combustibles fósiles, mediante el cual comprometió a Colombia a frenar en seco la actividad exploratoria y de producción de hidrocarburos en el país.
Y más recientemente el Ministro Camacho, frente a la opción de retomar la firma de nuevos contratos, manifestó, como disculpa, que hay “espacio suficiente para explorar en los contratos vigentes y por tanto, hacer más eficiente la exploración y explotación, por lo que contemplar extender la frontera exploratoria no es necesario”[3]. Es muy diciente los pasos que se han venido dando, distrayendo a la ANH, que hasta el nombre le cambiaron, de sus fines misionales[4] y a su Director encargado como Experto comisionado de la CREG.
Con estas señales, no es de extrañar la desaceleración de la actividad exploratoria en el país. Como afirmó el Vicepresidente de Estrategia y asuntos regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) Andrés Bitar, “muchos de los inversionistas son internacionales y es difícil explicarles que todo está transcurriendo como venía transcurriendo en los años anteriores, cuando cada vez que puede, el Presidente Petro vuelve y replica el mensaje de que no quiere hidrocarburos”[5].
Las cifras son elocuentes: según la Cámara Colombiana de petróleo, gas y energía (CAMPETROL) venimos con una actividad de taladros baja, tanto es así que desde noviembre de 2022 hasta abril de este año cayó 30.3%. Este mes de julio había 110 equipos de perforación operativos, una caída de 45 equipos frente a noviembre de 2022. De allí que, como afirma Andrés Bitar, “si la baja actividad de perforación persiste, es probable que la producción de petróleo caiga a mediano y largo plazo, incluso mayor que el reportado tras la pandemia, del cual el país no se ha recuperado”[6].
A IMPORTAR GAS NATURAL
En materia de reservas, producción y abastecimiento de hidrocarburos, la situación más critica que afronta y enfrenta el país, merced a la política del actual Gobierno, es en lo atinente al gas natural, en el que la caída ha sido mayor, no sólo de las reservas sino también en producción, poniendo en grave riesgo el autoabastecimiento del país. Según el más reciente reporte de la Bolsa Mercantil de Colombia, para este año el potencial de producción doméstica de gas natural en Colombia caerá alrededor del 7.3%. Pero será mayor la declinación en los años venideros, estimándose en un 11.6% para el 2025 y el 9.3% para el 2026, para un acumulado entre los años 2024 – 2026 del 19.8% (¡!).
Entre tanto la demanda de gas natural que aumentó el 3.9% entre 2022 y 2023, por debajo del incremento del 4.6% entre 2021 y 2022, lo cual se explica por la baja en la demanda del sector industrial a consecuencia de la desaceleración del crecimiento de la economía. La proyección de la demanda para este año y los próximos años será mucho más elevada, habida consideración de que el gas natural está llamado a ser el combustible – puente de la Transición energética. Ello significa que el país pasará de un déficit en el suministro de gas natural del 7.5% el año entrante a un déficit de 16% en 2026, el cual tendrá que suplirse con importaciones, poniendo fin a 45 años de autosuficiencia.
De lo que se trata, entonces, es de suplir ese déficit con gas natural importado, como ya se ha venido haciendo esporádicamente, especialmente cuando la demanda del parque térmico de generación lo requiere, como ocurrió recientemente a raíz del fenómeno de El Niño, cuando le tocó operar a full. 70% del gas como combustible que consumieron las térmicas fue gas importado. Y cuando se importa gas hay que comprarlo a los precios al que se cotiza en el mercado internacional, generalmente por encima del precio del gas doméstico. Para ello se dispone de las facilidades que ofrece desde finales de 2016 la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC LNG) ubicada en Barú (Cartagena). Hoy tiene una capacidad regasificadora de 400 MMPCD, pero tienen un plan de expansión que puede llevarla a los 530 MMPCD en 2026.
El embeleco de importar gas desde Venezuela fue sólo eso y ya hasta el propio Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho entonó la palinodia, después de afirmar sin pestañear, en el marco del lanzamiento del Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición (ICPET) en Bucaramanga, que “el Gobierno ha venido avanzando en recuperar la infraestructura del viaducto con Venezuela”[7], ahora resulta que, según sus declaraciones en la plenaria de la Cámara de Representantes, a donde compareció para responder a una citación de Moción de censura, afirmó que “hoy políticamente, financieramente, técnicamente no podemos importar gas desde Venezuela”[8]. Y fue más lejos al afirmar que “el gasoducto existente sufrió daños significativos: alrededor de dos kilómetros se averiaron y ya no es posible utilizarlos…Importar gas venezolano es inviable”[9].
Hay que diferenciar lo que significa contar con esa regasificadora e importar gas a través de ella como respaldo, de tener que importarlo el año entrante y el que sigue porque no se dispone de la oferta necesaria para satisfacer la demanda del mercado, pues en este último caso estamos hablando de una dependencia del gas importado, que sólo se superará, Dios mediante, hacia el 2027 – 2028, cuando se espera que el campo UCHUVA 2, descubierto en 2022 y confirmadas sus reservas recientemente por parte de ECOPETROL y PETROBRAS, que es el operador de este contrato, luego de la perforación de los pozos delimitadores, pasaría a su etapa de comercialidad.
La CREG acaba de expedir una Resolución que, en parte, puede contribuir a morigerar el impacto de la escasez de gas natural en el país, medidas que se venían demandando por parte de los agentes del mercado, tendientes a la flexibilización de los contratos, mejorar la infraestructura actual del transporte de gas natural, ajustando la metodología de remuneración del transporte de gas natural, pero que debido a su inoperancia sólo ahora se toma. Pero, como dice el adagio, más vale tarde que nunca. En efecto, entre las disposiciones de la misma. Ello permitirá dinamizar las inversiones, al tiempo que contribuirá a garantizar la confiabilidad y firmeza en el suministro del gas natural. Este es un paso que se da en la dirección correcta.
Ante la escasez de gas natural convendría retomar un tema que asumimos en su momento desde el Ministerio de Minas y Energía, pero que el tiempo no nos alcanzó para cristalizarlo. Me refiero a las enormes reservas que tiene el país, particularmente en la cuenca del rio Ranchería, entre los departamentos del Cesar y La Guajira de gas metano asociado a los mantos de carbón (CBM, por sus siglas en inglés). Así como en donde quiera hay petróleo hay gas, también donde quiera hay carbón hay gas metano alojado en los intersticios de los mantos, el cual puede recuperarse para usarlo como combustible. Ello, además de proveer al país de este recurso contribuiría de paso a la reducción de las emisiones fugitivas del gas metano, mucho más dañino que el CO2, que se libera con la extracción del carbón y contamina la atmósfera. Se estima que las reservas del sólo Cesar puede ser del orden de los 12 TPC, equivalente a casi 5 veces las reservas remanentes de gas natural con que cuenta el país.
En este frente es de rescatar la valerosa decisión tomada por el Gobierno de desmontar el subsidio, por lo demás regresivo, a los combustibles en el país, empezando por la gasolina motor. Este Gobierno heredó del anterior una bomba de tiempo: el creciente déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) con los cuales se cubre, el cual conspira contra la sostenibilidad fiscal. Además, no hace sentido que en momentos en los que se impone la necesidad de reducir el consumo de los combustibles fósiles desincentivándolo y poniéndole freno, el Estado siga asumiendo semejante carga. Luego de liberar el precio de la gasolina, este se ha nivelado con el precio internacional y según ha anunciado el Ministro de Hacienda se hará lo propio con el diésel – motor. Esta decisión ha sido muy bien ponderada por parte del Comité independiente de la Regla fiscal. Este año se calcula que cerrará con un déficit de dicho fondo de $12 billones.
En cuanto al combustible motor bueno es ponderar la importancia de la movilidad sostenible, ahora que estamos en Transición Energética, a la cual se le adelantó Colombia con la conversión a gas de parte de su parque automotor y también con mi Ley 693 de 2001, que le desbrozó el camino a los biocombustibles, cuya mezcla contribuye a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (3.2 millones de toneladas/año) y también las de material particulado (800 toneladas/año), que tanto daño hacen, amén de contribuir a la seguridad energética a la ampliación de la frontera agrícola del país, impulsando la agroindustria. Al fin y al cabo, como lo sostiene el Panel de expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático, “los biocombustibles son una medida determinante en la mitigación de la emergencia climática”. Así de claro. Huelga decir que con el desmonte del subsidio a los combustibles, los biocombustibles ganan en competitividad.
En este frente el país y este gobierno tiene ante sí un enorme reto y es el del combustible sostenible para la aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Colombia tiene una gran ventana de oportunidad que debe saber aprovechar. Como lo manifiesta la Federación Nacional de Biocombustibles “Colombia está en camino de dar un paso monumental hacia la sostenibilidad y la reindustrialización regional con la construcción de la primera planta de SAF en el país. Está programada para entrar en operación en 2030 y tendrá una capacidad de producción de 50 millones de galones”[10].
Si Tenemos en cuenta que la International Air Association (IATA), que representa a las principales líneas aéreas del mundo se ha planteado el objetivo de contar por lo menos con 69.000 millones de litros de SAF para el 2028, Colombia ya está dando los pasos conducentes para aprovechar este mercado. Bien dijo Bill Gates, que tiene por qué saberlo, que “clave del éxito es saber detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero”.
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN PAUSA
No obstante que la Transición energética, entendida como la integración de las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) a la matriz eléctrica, se ha convertido en la principal bandera de este Gobierno, hasta convertirse en su mantra, es en dónde menos avances se han tenido. Después que Colombia alcanzó a escalar, según el ranking del Foro económico mundial (FEM), hasta alcanzar una posición de privilegio de 29º lugar a nivel global y el 3º en Latinoamérica en el desempeño de la Transición energética, según su informe de 2021, en el más reciente reporte retrocedió hasta el 39º a nivel global y al 6º en Latinoamérica.
Y ello se explica porque después de expedidas las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021, de las subastas entre los años 2019 y 2021, en las que se asignaron 2.400 MW en proyectos de generación de energía eólica y los primeros parques eólicos han debido entrar a operar en el 2022, hasta la fecha ninguno de ellos está operando, mientras la línea colectora que permitirá transportar la energía generada para inyectarla al Sistema interconectado nacional (SIN), debido al atraso en la ejecución de este proyecto, sólo estará a punto en el 2026. Lo único que tiene para mostrar este Gobierno en FNCER es el avance en la instalación de granjas solares – fotovoltaicas de 1.800 MW, de los cuales ya están conectados a la Red de transmisión nacional (RTN) 1.300 MW.
Y para rematar, la Hoja de ruta de la Transición energética justa, contemplada en el Plan de desarrollo (2022 – 2026) y anunciada por la ex ministra Irene Vélez en el marco de la COP 27 en noviembre de 2022, aún la estamos esperando. La no entrada en operación de los parques eólicos se vino a sumar al atraso en la ejecución de otros proyectos tanto de generación como de transmisión, lo cual se ha traducido en un stress del Sistema de transmisión nacional (STN), debido al estrecho margen entre la oferta de energía firme (225 GWHD) y la demanda (222 GWHD), el cual no supera el 4%, presionando al alza los precios y las tarifas de energía. Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos que la Transición energética justa que proclama el Gobierno se encuentra en modo pausa!
EL STRESS ELÉCTRICO
Esta es la causa – raíz de la espiral alcista de los precios en bolsa y de las tarifas de energía y no la especulación por parte de los generadores como lo ha querido hacer ver el Gobierno Nacional. La verdad sea dicha, mientras no se expanda la capacidad de generación y transmisión y con ella la oferta de energía es ilusorio esperar una baja sensible en los precios y en las tarifas de energía, a pesar de las repetidas e incumplidas promesas y anuncios oficiales.
Aún después de la subasta de la asignación de Oferta de energía en firme (OEF) en febrero de este año, la cual había sido aplazada tres veces desde 2022, en la cual se adjudicaron 4.489 MW, para generar hacia el año 2027 – 2028 156 GWHD, según la propia Unidad de Planeación minero – energética (UPME), no sólo se mantendrá esta estrechez entre la oferta y la demanda sino que se tendrá un déficit, toda vez que mientras se proyecta una demanda de 263 GWHD, la OEF llegará sólo a los 244 GWHD. Preocupa, además, la lentitud y las demoras, a las que ya estamos acostumbrados, de la ejecución de los proyectos y de la entrada en operación de los mismos. De allí la urgencia con la que se plantea la necesidad de una nueva subasta de reconfiguración en previsión de este desbalance entre oferta y demanda de energía hacia los próximos años.
En esas estábamos, cuando sobrevino el fenómeno de El Niño, el cual puso a prueba la fragilidad del SIN, nos vimos en aprietos y faltó poco para que se repitiera el apagón de 1992 – 1993. De no haber sido por la robustez del respaldo del parque térmico del país habríamos tenido racionamiento de energía. De hecho la región Caribe toda viene siendo sometida a racionamiento de la prestación del servicio de energía desde septiembre pasado, debido a la saturación de las líneas de transmisión, que no permite transportar toda la energía que se requiere por el atraso en la ejecución de los proyectos a los cuales hemos hecho referencia.
LA ESPIRAL ALCISTA DE LOS PRECIOS Y LAS TARIFAS DE ENERGÍA
Hoy por hoy la mayor preocupación de los usuarios del servicio de energía, especialmente en el Caribe, son las altas tarifas que se cobra al usuario, sobre todo después de las alzas recurrentes que han tenido que soportar desde el 2022, cuando se disparó la inflación en el país. Después del fracaso anunciado del Pacto por la “justicia tarifaria” con la que prometió la ex ministra Irene Vélez bajarlas y del fiasco de las cumbres de Palacio, Sincelejo y Cartagena para, supuestamente, lograr dicho cometido, los usuarios siguen a la espera de que el Gobierno pase de los anuncios y de los plazos incumplidos a los hechos.
El Presidente Petro, iniciando su gobierno, le atribuyó las altas tarifas a la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) y se propuso intervenirla, primero y posteriormente intentó sin éxito asumir sus funciones y competencias (Decreto 227 de febrero de 2023), a lo que se interpuso el Consejo de Estado, al dejar en claro que las competencias regulatorias, por ministerio de la Ley son propias de la CREG, así el Superintendente de servicios públicos Dagoberto Quiroga insista en que el Presidente Petro simplemente trataba de “recuperar sus funciones regulatorias”[11], apartándose del pronunciamiento de las altas cortes. Y las descalifica aduciendo que si las medidas para bajar las tarifas no se han expedido es “porque la institucionalidad protege el statu quo”[12]. Según el “es poco lo que se ha podido lograr para conjurar la crisis desatada por las altas tarifas de energía, pues el poder parece estar en otra parte”[13].
El superintendente sembró la duda que el propio Presidente Petro se encargo de disipar. Según él “las empresas hidroeléctricas ganan como si produjeran energía eléctrica en base al gas, cuando sus costos de producción son bajísimos respecto al gas. Un negocio así muy chévere. Pablo Escobar palidecería de la rentabilidad de ese negocio”[14]. Así de “pingües” son sus utilidades, según el mandatario. Ha anunciado, además, que va a explicar, en interlocución pública “de qué manera se ha esquilmado a toda la sociedad con una fórmula tarifaria que impide la industrialización del país y el bienestar general en función de una renta de ganancias exageradas para 6 empresas”[15].
A poco andar, al anular el alto tribunal el nombramiento de varios de los expertos comisionados que la integran, junto con el Ministro de Hacienda, el Ministro de Minas y Energía y el Director del DNP, le quedó servida al Presidente Petro la CREG en bandeja de plata y desde entonces no ha sabido qué hacer con ella, al punto que en este momento está desintegrada por su negativa a nombrar en propiedad a los expertos comisionados.
A pesar del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la orden del Tribunal Contencioso administrativo de Cundinamarca para que procediera a dichos nombramientos en propiedad y no en calidad de encargados, como lo ha venido haciendo con contumacia, se ha negado a hacerlo, razón por la cual tiene abierto el Presidente Petro una acción de desacato. Este es el nudo gordiano de la actual crisis del sector energético, que solo el Gobierno puede desatar. A la inoperancia de la CREG, que ha conducido a un apagón regulatorio se ha venido a sumar el anuncio del Gobierno de la presentación de un proyecto de ley para reformar la Ley 142 de 1994, de servicios públicos, a través del cual el Presidente de la República insiste en arrogarse las funciones y competencias de la CREG.
En medio de este apagón regulatorio, arrogándose las competencias de la CREG, el Ministro Camacho acaba de expedir la Resolución 40307, fechada el 5 de los corrientes, mediante la cual se suspende la aplicación de los programas de limitación de suministro”, dizque “para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público domiciliario de energía”, que puede llegar a tener el efecto contrario. Y no lo decimos a humo de paja, es que con ella se exponen a las empresas generadoras a su iliquidez y falta de flujo de caja, pues las empresas distribuidoras y comercializadoras pueden ser inducidas por el riesgo moral a no pagar la energía contratada, en la seguridad de que no les podrán dejar de despachar la energía. Ello puede llevar a un efecto dominó, como el que advirtió en su momento de la empresa XM, que opera y administra el SIN, a propósito de la posible insolvencia a la cual estaban abocadas las empresas distribuidoras por cuenta de la deuda insoluta de la opción tarifaria. Puede, entonces, llegar a ser contraproducente.
Llama poderosamente la atención y resulta extraño que el Presidente Petro insista una y otra vez en que no lo dejan gobernar, que lleva “dos años intentando cambiar esa fórmula y no he podido”[16], refiriéndose a la fórmula tarifaria. Pero es que el Presidente Petro no puede alegar su propia culpa, la de no haber integrado a la CREG para que esta le funcione, puesto que todos sus integrantes dependen de él, sobre todo los expertos comisionados encargados.
Este es un pésimo mensaje para la inversión y para los inversionistas del sector, pues atenta contra la seguridad jurídica, pues las decisiones en materia regulatoria, de prosperar esta iniciativa, pasaría de un órgano técnico, autónomo e independiente, como lo es la CREG, a manos del ejecutivo, en las que priman más las consideraciones políticas que los criterios técnicos a la hora de la toma de decisiones.
[1] El Tiempo. Febrero 21 de 2024
[2] Boletín ECOPETROL. Junio, 14 de 2023
[3] El Espectador. Agosto, 4 de 2024
[4] Amylkar D. Acosta M. Delegando lo indelegable. Mayo, 10 de 2023
[5] El Tiempo. Agosto, 1 de 2024
[6] Ídem
[7] www.presidencia.gov.co. Julio, 31 de 2024
[8] La República. Agosto, 6 de 2024
[9] Portafolio. Agosta, 6 de 2024
[10] Boletín. Agosto de 2024
[11] El Tiempo. Agosta, 7 de 2024
[12] Ídem
[13] Ídem
[14] Cuenta de X. Agosto, 1 de 2024
[15] Cuenta de X. Agosto, 5 de 2024
[16] Infobae. Agosto, 8 de 2024