Blog del Sector Minero - Energético

Instituto de Estudios en Regulación Minera, Petrolera y Energética
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Minería
8 de julio de 2024

Análisis sobre la importancia del sector minero en Colombia: Reflexiones sobre los impactos de la minería en la economía nacional, regional y local, así como su rol en la transición energética

Autores:

Natalia Cortés Triana[1]

Jorge Andrés Obando Moreno[2]

Introducción

En el presente escrito se realizará un análisis sobre la importancia del sector minero en Colombia, partiendo desde las implicaciones que tiene la minería en la economía nacional reflejadas en los aportes y transferencias a la Nación, el sostenimiento de otros sectores de la economía, la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo. 

De igual manera, a nivel regional y local, se plantearán los impactos positivos de los proyectos mineros en las comunidades, la ejecución de los Planes de Gestión Social para el desarrollo económico y productivo local y en la seguridad y soberanía alimentaria de comunidades locales. Finalmente, se abordará el rol de la minería para la transición energética. Por lo tanto, la hipótesis del escrito es si la minería es necesaria e importante de cara a los objetivos de descarbonización y desarrollo sostenible de los diferentes sectores de la economía del país. 

I. Importancia de la minería para el equilibrio económico y fiscal del país

De manera preliminar, para abordar la necesidad o importancia del sector minero para un país como Colombia, se debe partir del impacto que genera en su economía, reflejado a través del aporte a los otros sectores, las transferencias en impuestos, regalías y otros conceptos a la Nación, la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo, entre otros. 

En primer lugar, se resalta que la actividad minera provee de materias primas a gran parte de otros sectores de la economía. De manera concreta, de este sector dependen los sectores construcción e infraestructura, agricultura, medicina, la cadena productiva de los alimentos, aeronáutica, automotriz, generación de energía (incluidas las fuentes no convencionales de energía renovables), producción de acero, joyería, tecnología, entre otros (Minminas, sf).

De manera que, los productos mineros son altamente demandados por sectores directamente relacionados con el bienestar y calidad de vida de las personas, desde los pesticidas y fertilizantes usados en la producción de alimentos agrícolas, hasta los componentes de nuestros teléfonos y computadoras. 

Por otra parte, la actividad minera (legal) aporta importantes recursos a las arcas de la Nación a través de los ingresos por la actividad (regalías, compensaciones, canon superficiario) e ingresos fiscales (Renta, impuestos, parafiscales, tasas y contribuciones) (ACM, 2020). Según la Asociación Colombiana de Minería (2023-1), en 2021 la minería aportó más de 6 billones de pesos entre regalías, impuestos y otras contribuciones, y en 2022 los aportes fueron de $20,5 billones ($10,1 billones en renta, $6,1 billones en regalías y $4,2 en otros impuestos y compensaciones), con la expectativa de un aporte de $18 billones para 2023. (ACM, 2023-2). Además, la minería participó con el 2,1% del PIB nacional en 2021, con un incremento no oficial del 3% para 2022. Adicionalmente, proporcional a su tamaño, la minería genera el doble de aportes en renta que la manufactura, 3 veces los del sector de telecomunicaciones o financiero, y casi 8 veces los aportes en renta de la agricultura (ACM, 2023-1). 

Con respecto a otras cifras, de acuerdo con La República (2022), por cada peso que se genera de la minería, se generan $2,4 en otros sectores encadenados. Por el lado de las inversiones, la minería representa uno de cada US$3 de las exportaciones y 15% de la inversión extranjera directa. Adicionalmente, la minería genera 160.000 empleos directos y cerca de 700.000 indirectos.  

A pesar de lo anterior, Colombia es de los países mineros que mayor carga fiscal (goverment take-GT) le impone a la minería. En el país, las actividades mineras deben pagar más de 20 impuestos y contraprestaciones. Dentro del ranking de países con un alto Government Take-GT, Colombia ocupa el primer lugar para el caso de los proyectos de oro subterráneo y el segundo lugar para la extracción de carbón (a cielo abierto y subterráneo) y el oro a cielo abierto, superando a países como Perú, Chile, Canadá y Sudáfrica (ACM, 2020). Con respecto al valor agregado (ganancias versus el aporte que le hace a la economía del país) por cada 1.000 pesos generados por valor agregado, la minería de oro paga 150,1 pesos y la minería en general 101 pesos. Lo anterior frente a otros sectores como la manufactura, con 57,4 pesos, el financiero con 133,2 pesos; el comercio con 56 pesos, las comunicaciones con 35,3,y la agricultura, con 10, 8 pesos. (ACM, 2020)

Según la misma asociación, las cifras de valor agregado para la minería de oro podrían ser más altas si el grueso de este mineral que se comercia se hiciera formalmente, ya que para 2020, solo el 30% de minería es legal y paga los impuestos y regalías mencionados, mientras que el 70% hace parte de un mercado de extracción ilícita de minerales (ACM, 2020).

En este punto, nos podemos preguntar acerca de los aportes económicos de la minería versus las implicaciones del sector para la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No obstante, se debe hacer una reflexión frente a que los impactos ambientales de la actividad minera están estrictamente regulados a través de los instrumentos y normas ambientales correspondientes, teniendo de presente la obligatoriedad de contar con licencia ambiental para desarrollar la explotación de minerales. Esta rigurosidad de la fiscalización ambiental de las actividades mineras, no sucede en otros sectores que podrían estar generando impactos ambientales igual o más importantes, pero que no tienen instrumentos o normas tan estrictos, como aquellos generados por el sector de la agricultura y ganadería. 

Por ejemplo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990-2018 presentado en el Tercer informe Bienal de Actualización de Cambio Climático de Colombia.-BUR3, el sector que mayor emisiones de GEI produce es la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU) con el 59%, seguido por el sector energético con un 31%. Además, el 31% de las emisiones son causadas por la deforestación, cuya causa principal es la expansión de la frontera agropecuaria y la ganadería extensiva (la ganadería extensiva representa casi el 60% de la deforestación del país) (Fedesarrollo, 2012).

Ahora bien, aunque no se pretende desconocer que la minería puede llegar a ser una actividad altamente impactante del medio ambiente, lo cierto es que para desarrollar minería legal en Colombia, se debe cumplir con una carga ambiental importante de prevención, mitigación y compensación de estos impactos a través de la licencia ambiental y demás instrumentos ambientales impuestos y fiscalizados por las autoridades ambientales respectivas. Luego, se debería fortalecer la fiscalización de las autoridades ambientales sobre el cumplimiento de estos instrumentos y normas ya existentes que permitan un desarrollo sostenible de las actividades mineras en el país, antes que buscar desestimular o proscribir esta actividad que es de las que más le contribuye a la economía del Estado en términos de aportes, empleo e inversión. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son los impactos ambientales de la minería ilegal, que como se mencionó anteriormente, no genera aportes a la Nación, ni tiene fiscalización ambiental, por lo que puede perjudicar gravemente la vida y salud de las personas así como el medio ambiente. Frente a lo cual es evidente la necesidad de la efectiva implementación de las estrategias nacionales ya existentes para combatirla y desincentivarla, a través del despliegue de, por un lado, la fuerza pública en las actividades de control de actividades mineras para el financiamiento de actividades ilegales, y por otro, la implementación de las campañas que se han dispuesto para la formalización minera. A lo último, debe añadírsele la aplicación de marcos regulatorios que no sean excesivamente estrictos ni cargas fiscales excesivamente onerosas que incentivan la ilegalidad en la pequeña y mediana minería, antes que la formalización.

En conclusión, el sector minero reviste una importancia mayor para la estabilidad económica del país, reflejada a través de transferencias a la nación, aportes a otros sectores económicos, atracción de inversión extranjera, generación de empleo, entre otros. Por lo cual, antes de introducir discursos y políticas que desestimulen el sector con el pretexto de la protección del medio ambiente, se debería pensar mejor en introducir y aplicar las herramientas del ordenamiento jurídico para combatir la minería ilegal, que causa los impactos ambientales no mitigados ni controlados por las autoridades ambientales, y promover la formalización o tránsito hacía la legalidad, a través de marcos jurídicos regulatorios que brinden flexibilidad, claridad y seguridad jurídica a los mineros.  

Lo anterior, no solo para seguir gozando como Nación de los beneficios que trae la minería, sino para preservar los impactos que tienen los proyectos mineros a nivel regional y local, los cuales se abordarán a continuación. 

II. Importancia de la minería a nivel regional y local: impactos de los proyectos mineros en las comunidades

La actividad de extracción minera trae consigo una serie de consecuencias medio-ambientales, sociales y económicas que impacta directamente a las comunidades en presencia de estas empresas. Para prever y mitigar dichos impactos, la autoridad ambiental y minera han establecido una ruta para contenerlos. Sin embargo, no se ha visibilizado el papel fundamental de la actividad minera en el impacto positivo de las comunidades. 

La autoridad minera en su regulación normativa ha propendido por incentivar a los concesionarios a mantener una relación de confiabilidad con las comunidades, no solo es un proyecto de inversión que genera ganancias tanto para la empresa como para el Estado, retribuido en inversión social directamente para las comunidades, sino que se refleja en el propósito de potencializarlas y hacerlas parte fundamental del proyecto (Bustos, 2015).

El desarrollo económico de los municipios, tal como lo evidencia Alcocer (2024) se ve reflejado en el aporte de regalías mineras que genera más del sesenta por ciento (60%) del presupuesto de inversión de los municipios. Adicionalmente genera cerca de un millón de empleos directos e indirectos; impulsa encadenamientos productivos, atrae inversión socioambiental que solo en 2022 superó un billón de pesos y que en inversiones ambientales de un total de seiscientos noventa y siete  mil millones de pesos, duplicó el presupuesto de inversión del Ministerio de Ambiente durante ese año; aporta en impuestos y regalías (como ya se mencionó, durante el 2022 superaron los veinte billones de pesos) y fomenta la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías; desarrollo, que se ve invertido directamente en la comunidad. Por otro lado, los programas sociales que apoyan talentos, crean oportunidades y fortalecen emprendimientos de la comunidad ubicada en presencia de empresas extractivas, son un pilar fundamental del crecimiento comunitario a nivel regional.

a. Plan de Gestión Social: Programas de desarrollo local en mediana y gran minería

El componente social es uno de los factores diferenciales de la minería en proyectos de desarrollo sostenible. Actualmente se ha impulsado desde la perspectiva de la implementación normativa y la política de los gobiernos, el desarrollo de encadenamientos productivos como políticas obligatorias de las empresas mineras. Ejemplo de ello es la obligatoriedad de inclusión laboral de mano de obra local, de la zona en la que se realiza la actividad minera, así como la creación de puestos de trabajo de mano de obra local  en labores diferentes a las que se derivan de la minería para que, cuando las empresas mineras finalicen sus operaciones, la comunidad no tenga que depender de un salario de la actividad minera en sí misma y así evitar lo que se ha denominado como el Boom minero. 

Adicionalmente se ha establecido la obligación del concesionario de implementar los lineamientos de desarrollo de un Plan de Gestión Social consagrada en la Resolución 263 de 2021 (ANM,2021), consistente en apoyar proyectos productivos que deben propender por la incrementación de oportunidades y beneficios para la comunidad. Estas medidas normativas responden a la integración de un enfoque proactivo de las comunidades y para las comunidades, destacando el rol de las empresas mineras en el progreso de dichas zonas que históricamente han sido grupos muy vulnerados desde el ámbito económico, educacional y social. 

La responsabilidad social como eje fundamental de la minería, a través de la implementación de las obligaciones derivadas de la presentación, aprobación y ejecución del Plan de Gestión social, genera innumerables beneficios para las comunidades con presencia de empresas concesionarias mineras. Ejemplo de esto es la inversión social de la empresa minera Gran Colombia Gold, pues en el informe de sostenibilidad corporativa de 2020 de esta empresa, se evidencia el apoyo e impacto a la comunidad minera, a través de la construcción de colegios para la población, la capacitación profesional a mujeres desde la industria textil, mejoras en hospitales públicos, entre otros. Esto sin duda alguna, aumenta notablemente la calidad de vida de las comunidades en presencia de empresas mineras, no solo desde el ámbito de creación de oportunidades laborales, sino también de la generación de bienestar para la comunidad, y la satisfacción de necesidades básicas que, en principio, son deber del Estado, cumpliendo así el mandato constitucional consagrado en el Artículo 58 sobre la declaración de la industria minera con fines de interés social. (Constitución Política de Colombia [C.P.], 1991) 

Así entonces, la implementación del Plan de Gestión Social en los proyectos mineros sirve como un gran instrumento de coordinación social entre los concesionarios y las comunidades presentes en los lugares de extracción, que repercute de manera efectiva y real en el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades.

 b. Seguridad alimentaria y minería

La seguridad alimentaria como concepto ha sido definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la siguiente manera: “la seguridad alimentaria a nivel de individuo, hogar, nación y global se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2015). El rol fundamental de la minería en la seguridad alimentaria se analiza desde las perspectivas de provisión de los minerales y nutrientes necesarios al suelo, como el Zinc, fósforo y de algunos fosfatos para garantizar el acceso alimentario y nutritivo. El uso de minerales en la cadena alimenticia está presente en la fase de fortalecimiento de los suelos para el crecimiento de cultivos, el uso de fertilizantes, nutrientes y aditivos minerales que potencializan el ciclo natural del proceso agrícola, y en el proceso de empaquetado para su posterior transporte y almacenamiento (Garzón Albornoz, 2022).

En Colombia, en 2022 se importó cuatrocientos ochenta y nueve mil millones en fertilizantes nitrogenados, convirtiéndose en el importador número 28 de fertilizantes nitrogenados en el mundo. En el mismo año, fertilizantes nitrogenados fue el producto número 23 más importado en Colombia (OEC, 2022). Esto demuestra que la insuficiencia de producción de fertilizantes nos hace un país dependiente de importaciones extranjeras, poniendo en riesgo cada vez más, la seguridad alimentaria en Colombia. Aun cuando la Agencia Nacional de Minería ha asegurado en fase de prospección la potencialidad de extracción de los minerales utilizados como materia prima en la producción de dichos fertilizantes (ANM, 2023), actualmente no hay una normativa clara que incentive o genere beneficios para que la industria minera impulse la exploración geológica para producir estos minerales de manera local y disminuir esta dependencia de la materia prima de importación. 

Sin lugar a duda, Colombia deberá aumentar sus esfuerzos en la planificación de una política de beneficios para apoyar a la industria extractiva de minerales utilizados en las fases de elaboración de los fertilizantes. De igual manera, actualmente la política de Gobierno que busca la creación de Ecominerales, como una empresa estatal con función social, deberá cumplir con los mandatos constitucionales de la minería con fines sociales y asegurar el acceso de alimentación y cumplimiento de metas de nutrición para su población civil, haciendo inmersión extractiva de estos minerales, para la producción interna de las materias primas necesarias para asegurar niveles óptimos de acceso alimenticio.

III. Rol crítico de la minería en la transición energética: financiamiento del sector extractivo y minerales estratégicos para la transición

Aunque varios discursos ampliamente difundidos sostengan que la minería es incompatible con los objetivos de descarbonización y desarrollo sostenible que está en la agenda de acción climática de Estados y organizaciones internacionales, lo cierto es que la actividad minera tiene un rol fundamental en la transición energética. 

En primer lugar, y como se mencionó anteriormente, el sector extractivo es de aquellos que más aporta a la economía de muchos países de Latinoamérica y el mundo. De manera general, se estima que el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe procede del sector extractivo, y las exportaciones mineras representan más del 50% del total de las exportaciones en algunos países, por ejemplo, Chile y Perú (BID, 2022) y el 25% de las exportaciones en Colombia (ANM, 2021). Luego, se espera que con los aportes del sector se financien las políticas, planes y programas que impulsen la transición a fuentes no convencionales de energías renovables. Lo anterior, si se tiene en cuentas que, según el Foro Económico Mundial (2024) se necesitarían billones de dólares cada año para descarbonizar las economías emergentes con la rapidez suficiente para cumplir los objetivos climáticos. En un país como Colombia, dicha financiación tendrá una fuerte participación de los aportes del sector extractivo. 

En segundo lugar, la implementación de fuentes de energía limpias requiere la construcción e instalación de su infraestructura, que, de hecho, demanda más minerales que las fuentes de generación fósil (Moreno Castillo y Garzón Albornoz, 2020). Es por eso que se estima que la demanda del sector minero crecerá en los próximos años, lo cual debería incentivar el fortalecimiento del sector, para asegurar las materias primas de la infraestructura de fuentes limpias de energía, antes que perpetuar discursos que condenen al sector y desestimulen la actividad minera, con lo que se podría en riesgo el avance de la transición energética en sí misma. El fortalecimiento del sector, por ejemplo, a través de la consolidación de iniciativas de exploración minera para  conocer el potencial geológico de Colombia, podría conllevar a obtener información geológica y geográfica respecto de los minerales críticos o estratégicos para la transición energética. Lo anterior, no solo para la instalación de las energías limpias en el país, sino para la exportación a aquellos países en transición que no cuenten con la misma disponibilidad de estos minerales. 

A continuación, se reseñará el concepto de los minerales críticos o estratégicos y su importancia de cara a la transición energética.

IV. Minerales críticos para la transición energética

En concordancia con el Acuerdo de París en 2015, ratificado y adoptado por Colombia el 12 de diciembre de 2015 en la 21º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), los compromisos adquiridos por los países firmantes de alcanzar la neutralidad en carbono para el 2050 trajo consigo la necesidad de implementar políticas y normativas internas para la consecución de tal fin. En consecuencia, entre muchas otras normativas tendientes a la implementación de la  transición de energías limpias o renovables, entendiéndose como energías renovables el tipo de energías derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse (English, s.f.); la resolución 1006 del 30 noviembre de  2023 de la Agencia Nacional de Minería que tomó como base el Decreto Ley 4134 de 2011; incluyó un listado de minerales estratégicos para la producción de materias primas para la implementación de las políticas de transición energética, siendo el sector minero un pilar fundamental para la satisfacción de la creciente demanda a nivel mundial de estos minerales como materia prima.  

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el informe presentado sobre la clasificación de minerales estratégicos, hace referencia a la similitud del concepto de minerales críticos utilizado a nivel internacional con el concepto de minerales estratégicos utilizado en Colombia (UPME, 2019). Esta similitud, se debe adaptar a los lineamientos a nivel internacional y las políticas internas tendientes a que la exploración, explotación, beneficio y transformación de dichos minerales contribuyan a la transición energética. Por eso la minería en Colombia es fundamental en la transformación de los mecanismos de generación y utilización de energía. 

Así mismo la Agencia Nacional de Minería en su informe “Lineamientos para el establecimiento de Minerales estratégicos en Colombia” (ANM,2023), destaca que el establecimiento de dichos minerales se debe centrar en la implementación de acciones para la búsqueda de una economía carbono neutro para la producción de energías limpias. Lo anterior, teniendo en cuenta (i) los estudios realizados en este informe que demuestran la disponibilidad de dichos minerales en el territorio colombiano y, (ii) en el análisis de prospección geológica, en donde se evidencia la presencia de varios de los minerales denominados minerales críticos para el desarrollo industrial y la transformación de materias primas utilizadas en sistemas de generación de energías limpias. En este informe se presentan los hallazgos derivados de las actividades de prospección minera, que, en cuanto a minerales estratégicos, encontraron los siguientes en el territorio colombiano: Oro (Au), Carbón térmico y metalúrgico, Esmeralda, Níquel (Ni), Cobre (Cu), Hierro (Fe), Roca Fosfórica, Arenas Silíceas, Plata (Ag), Platino (PGE), Manganeso (Mn), Aluminio (Al), Potasio (K), Zinc (Zn) y Cromo (Cr). 

Sin embargo, a pesar de la amplia regulación normativa, tendiente a la inclusión, clasificación e impulsión de identificación de los minerales utilizados como materia prima para la construcción de la infraestructura necesaria para la implementación de energías limpias o renovables como lo son la energía solar fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, hidrógeno verde, entre otras; encontramos actualmente, barreras limitantes en la ejecución de proyectos de exploración y explotación minera, que impiden realmente un progreso significativo en la consecución de los fines tendientes a la implementación de una transición energética justa y sostenible.

De conformidad con la anterior, es evidente la necesidad del sector minero para impulsar la instalación de infraestructura de energías renovables que impulsen los objetivos nacionales e internacionales de descarbonización y transición energética. Por lo cual, se deberá seguir fortaleciendo el sector y estimulando las actividades de prospección y exploración minera para conocer el potencial minero del país, así como crear condiciones de seguridad jurídica para garantizar la explotación y transformación de esta materia prima, que garantice la disponibilidad de minerales estratégicos para la transición.

En el marco de lo anterior, el el Estado colombiano debe incentivar y estimular las actividades de prospección, exploración, y explotación de estos minerales por parte de las empresas privadas. Lo anterior, por ejemplo, a través de la implementación de incentivos tributarios para aquellas empresas que, teniendo la certeza en la etapa de exploración y clasificación de los minerales encontrados, puedan invertir en la etapa de extracción y transformación. 

Asimismo, se debe pensar en la creación de un mecanismo estratégico de concesión minera para los minerales críticos, diferente a la selección de proponentes de las denominadas “Áreas de Reserva Estratégica Minera” (Resolución 083 de 2021 – ANM), utilizado actualmente, que, lejano al propósito de atraer proponentes por la idea de ser un mecanismo expedito, se convirtió en una selección inviable para los proponentes debido a las condiciones y las exigencias económicamente insostenibles que supondría la suscripción de un título minero bajo este método.

La experiencia que trajo la implementación de esta normativa ineficaz sirve de ejemplo para la realización de un procedimiento efectivo que garantice realmente la posibilidad de inversión de empresas mineras en actividades de exploración y explotación de minerales críticos. Asimismo, en términos de gobernanza institucional, se debería pensar en implementar herramientas que descongestionen los procedimientos actuales de concesión, así como crear una oficina o departamento en la Agencia Nacional de Minería que se destine exclusivamente al análisis de los proponentes mineros que busquen llevar a cabo el proceso de extracción de estos minerales estratégicos.

Conclusiones

Considerando el anterior análisis de la perspectiva económica, ambiental, y social del sector minero, es evidente que la minería en Colombia es necesaria e importante para el sostenimiento de otros sectores, el equilibrio de las finanzas y recursos del Estado por las transferencias de la actividad, la atracción de inversión extranjera, y la generación de empleo. 

La minería en Colombia debe catalogarse como una actividad de urgencia e importancia nacional, más allá de la sobrerregulación y la vasta jurisprudencia que existe, pues se necesita aterrizar la minería a la realidad fáctica de la misma en el país, agilizar el procedimiento de otorgación de títulos de concesión, sin disminuir la rigurosidad técnica de viabilidad de los proponentes; e implementar como política de Estado y no de gobierno, una visión positiva, generosa y responsable de la minería en cumplimiento de los requisitos legales. 

Respondiendo la pregunta del planteamiento inicial: ¿se debe hacer minería en Colombia? Consideramos que los aportes económicos y sociales que genera la minería al país son imperativos e insustituibles. Por ello, hacemos énfasis en que hay que seguir apoyando, mejorando y concientizando a la sociedad civil de la importancia de la actividad extractiva. Colombia es un país sumamente rico en minerales y metales valiosos en su valor económico, minerales con posibilidad de transformación en materias primas necesarias para la transición energética, de uso imperativo en la cadena de fertilizantes que conllevan a asegurar el acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria, un problema que preocupa a los mandatarios a nivel internacional. 

Es por ello que, como país debemos aprovechar esta riqueza de recursos no renovables, en beneficio de sus habitantes, se debe hacer inversión social y económica de las regalías provenientes de la actividad extractiva y buscar el posicionamiento mundial del país como un país minero con la suficiencia de recursos para que inversionistas atraídos por el potencial minero comprobado, inviertan en el sector y sigan generando beneficios para las comunidades locales, regionales, y para el país.     

Bibliografía

[1] Abogada de la Universidad Externado de Colombia, estudiante de la especialización en derecho minero energético. Abogada de Viccenci Management Center S.A.S. Correo: natalia.cortes01@est.uexternado.edu.co

[2] Abogado de la Universidad Externado de Colombia, estudiante de la especialización en derecho minero energético. Abogado en la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol S.A. correo: Jorge.obando@est.uexternado.edu.co.

Nota: Las posiciones presentadas en esta nota obedecen a posiciones personales y académicas, que no representan ni comprometen la posición de las entidades en las cuales los autores ejercen sus funciones como trabajador/a, estudiante o investigador/a.