Petróleo
14 de junio de 2019
Se empieza a definir el futuro del fracking en Colombia
Por: Ernesto Guzmán Arana
Monitor del Departamento
A finales del segundo semestre del año pasado, el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte presentó una acción de nulidad simple contra las normas que establecieron los criterios y procedimientos para la explotación de yacimientos no convencionales con fracturación hidráulica. Decreto 3004 de 26 de diciembre del 2013 y la Resolución 90341 de 27 de marzo de 2014.
La acción de nulidad presentada tiene por objeto asegurar el desarrollo sostenible, basándose en documentos de trabajos científicos sobre los riesgos que implicaría la explotación de yacimientos no convencionales para la salud humana y el medio ambiente con la fracturación hidráulica, así mismo la violación de derechos fundamentales que se generaría debido a su contaminación de acuíferos, del suelo y la generación de movimientos sísmicos, y también el desconocimiento de pactos, como el de Río de 1992 donde se contempla el principio ‘Principio de Precaución’ que implica que cuando una actividad puede causar daño grave al medio ambiente y ante la falta de certeza científica sobre los efectos, esta no deberá utilizarse, esto supone que si el estado o una persona va desarrollar una actividad que puede generar riesgo para la salud humana o para el medio ambiente simplemente debe abstenerse de hacerlo.
En el proceso de análisis, el Alto Tribunal ya profirió medidas cautelares, el 8 de noviembre del 2018, suspendiendo temporalmente las normas analizadas del Ministerio de Minas y Energía que regulan técnicamente la implementación de técnicas no convencionales de explotación de hidrocarburos en el país. En esta ocasión, el Consejo de Estado consideró que su autorización en Colombia podría traer afectaciones graves tanto al medio ambiente como a la salud humana, ya mencionadas anteriormente, tales como el aumento de la sismicidad, contaminación hídrica y afectación de la salubridad, con mayor razón si la técnica se desarrollaba en zonas de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos, como los páramos.
Por ello, aplicó el principio de precaución, al señalar que “aun cuando no existe certeza científica absoluta, sí hay pruebas mínimas de daños potenciales derivados de la aparente deficiencia de las medidas adoptadas en los actos administrativos demandados al autorizar una técnica cuestionada”. Es decir que, hasta el momento, no es legal realizar ninguna actividad con yacimientos no convencionales en el territorio nacional y habrá que esperar la decisión del Consejo de Estado en esta materia.
El pasado viernes 7 de junio, se realizó una audiencia pública que buscaba escuchar las distintas posiciones frente a esta práctica. La audiencia hace parte de varios mecanismos de participación que se desencadenaron a partir de la demanda. Audiencia que terminó con la solicitud por parte del Consejo de Estado a la Universidad Nacional, en hacer un informe para lo cual deberán crear una comisión de expertos que permita resolver los cuestionamientos sobre el fracking. Ramiro Pazos magistrado ponente de la demanda, señaló en el informe, que deberá ser entregado en un plazo de 90 días, donde se den las respuestas ante las inquietudes sobre su impacto en la salud y al medio ambiente. Además, determinar si su impacto puede ser reversible y cuáles deberían ser los mecanismos de control. Así mismo de qué manera podría impactar la economía del país. De igual forma, qué incremento se podría generar en la producción de hidrocarburos el país y si se exportaría como refinado o como crudo.
Con motivo de la audiencia, ese día distintas organizaciones ambientales tales comola Alianza Colombia Libre de Fracking y el Movimiento Nacional Ambiental convocaron a la Marcha Carnaval contra el fracking y la minería contaminante, convocaron a una marcha nacional en contra del fracking en más de 100 municipios y ciudades del país, con el objetivo de pedirle al presidente Iván Duque que no permita esta actividad.
Los voceros de la Alianza manifestaron que: “ es claro que Colombia no cuenta con la fortaleza institucional y no tiene la preparación, ni los conocimientos base para desarrollar proyectos piloto, teniendo en cuenta que solo se cuenta con el 52% de la cartografía geológica, con el 30% de información de recursos acuíferos y además no se tiene información acerca de la sismicidad, sobre todo en el Valle del Magdalena Medio (Santander), sitio en el cual se tienen contemplados por parte de Ecopetrol los primeros proyectos pilotos”.
Otra cosa se piensa al interior del Gobierno y las empresas del sector, como Ecopetrol. El argumento principal es que el país sí puede realizar este tipo de proyectos sin que signifiquen impactos irreversibles al ambiente y las comunidades. Señalan, además, que el fracking le permitirá al país obtener recursos como petróleo y gas que aleje el fantasma del desabastecimiento de combustibles. De lo contrarios, es claro que cuando a Colombia se le acaben los combustibles, tendrá que importar, generando un choque económico enorme expresado en el costo de importar combustibles y los menores recursos de exportaciones, impuestos, dividendos y regalías.
Ante lo cual, cabe recordar que Ecopetrol anunció que la primera fase del plan piloto de esta técnica en Colombia ya inició. Desde Bucaramanga el pasado 28 de mayo, donde Ecopetrol hizo una exposición sobre la situación de la empresa y el momento actual de la reservas, su presidente, Felipe Bayón, aseguró que la primera fase se trata de planeación y preparación.
Asimismo, informó que la empresa está lista para iniciar la segunda fase del plan piloto una vez el Gobierno se pronuncie sobre la aceptación de recomendación en el proceso, luego del estudio que realizaron 13 expertos. El informe de la Comisión de Expertos del fracking señaló que, este proceso debe fomentar la participación ciudadana, por lo que una primera condición debe ser conocer con claridad los derechos de las poblaciones. Además, que es necesario obtener la “licencia social”, ya que esto exige una mayor transparencia en la manera como se adelantan las actividades, se toman las determinaciones, se invierten los excedentes y se usan los recursos destinados a beneficiar a las comunidades locales.
De manera que este es el panorama, un panorama en el cual ya se empezó a analizar si la normativa para ejercer el fracking en Colombia tiene validez o no, lo cual podría empezar a resolver el futuro de los no convencionales en Colombia, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado.
Fuentes
Consejo de Estado suspende normas que regulan el fracking:
Consejo de Estado ordena creación de otra comisión de expertos sobre el fracking:
Consejo de Estado pide a Universidad Nacional un estudio sobre fracking: