Medio Ambiente y comunidades
26 de febrero de 2019
Sobre consultas populares y las recientes decisiones de la Corte Constitucional
Por: Milton Fernando Montoya
Abogado de la Universidad Externado de Colombia. PostDoctorado de la Universidad de Dundee (Escocia), Doctorado (Ph.D.) en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España y Máster en Derecho Energético por el Instituto Superior de la Energía (ISE) Madrid, España. Actualmente se desempeña como Director de Investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia y Docente de posgrado de la misma Universidad. Conferencista invitado a la Universidad Carlos III de Madrid, a la Universidad de Almería y a la Universidad de Dundee. Miembro del Colegio de Abogados de Minas y Petróleos y del Consejo Académico de la Sección de Energía y Recursos Naturales de la International Bar Association (IBA)
Vía Ámbito Jurídico “Consultas municipales no podían prohibir proyectos mineros”
En entrevista realizada por ámbito jurídico, el doctor Milton Fernando Montoya manifiesta su asentimiento a las recientes decisiones del alto tribunal constitucional en lo que respecta al polémico debate sobre la legitimidad de las consultas populares realizadas en territorio para vetar de manera unilateral las actividades extractivas.
Sobre la autonomía territorial, considera que [q]ueda en un espacio muy importante, pues, lejos de debilitarla, la sentencia lo que hace es fortalecerla. En efecto, el fallo expone, aproximadamente, 13 criterios que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de robustecer institucionalmente los mecanismos de participación ciudadana y de coordinación y concurrencia entre la Nación y el territorio.
Eso quiere decir que la ley que expida el Congreso de la República deberá incluirlos, lo que beneficiará, finalmente, al principio de autonomía territorial, considerando que hacen referencia, por ejemplo, a que exista una pluralidad y unos efectivos espacios de participación ciudadana con enfoque territorial (partiendo de la base que cada municipio goza de diferentes particularidades); a que la información sea clara, transparente y suficiente; que se tenga en cuenta el principio del desarrollo sostenible y algo muy importante: que se empiecen a generar verdaderos espacios de diálogo y confianza entre las autoridades del orden nacional y las del orden territorial cuando se trate de la ejecución de proyectos mineros o petroleros.