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10 de diciembre de 2018

Asegurados los recursos adicionales para la educación a partir del presupuesto general de regalías

A propósito de las reivindicaciones que los estudiantes realizan ante el gobierno, la semana pasada se hizo visible una posible solución o vía de escape al déficit presupuestal que aqueja a la educación pública.

La aprobación del proyecto de Presupuesto General de Regalías para los años 2019 y 2020 trae consigo variadas implicaciones como quiera que, de los seis fondos establecidos mediante Acto legislativo, la educación contará con 2 billones de pesos; lo que permite inferir que el actual gobierno y el legislador cuentan con expectativas altas de mayor recaudo, y lo que, a su vez, apareja la necesidad de aumento de confianza en la actividades propias del sector minero energético.

La distribución de esta suma de dinero pretende contribuir al desarrollo de la infraestructura de las instituciones de educación superior, preescolar, básica y media, al otorgamiento de becas de doctorado y la promoción del talento humano, a la edificación de laboratorios y consolidación de estrategias científicas que contribuyan a la investigación. Todos estos rubros son de gran relevancia para catapultar certeramente la calidad de la educación en todos sus niveles.

Sin embargo, ha debido tenerse en cuenta los mecanismos que harán efectiva la asignación presupuestal en la proporción mencionada, pues anunciar que el Estado ha volcado su mirada al fortalecimiento de la educación a través de las regalías que se obtienen por la ejecución exitosa de proyectos mineros y petroleros sin establecer herramientas para que tales proyectos extractivos sean útilmente aprovechados equivaldría a un despropósito.

Por esta razón, se realiza un llamado al gobierno a través de sus entidades para que institucionalmente la industria extractiva continúe siendo promovida como un factor de desarrollo y progreso para el país, para que el ciudadano de a pie interiorice que no se trata de una actividad exclusivamente de inversionistas y empresarios, sino para que se involucre toda la armazón estatal -a nivel nacional y regional- con miras a desvirtuar aquellos distintivos negativos que no han permitido a día de hoy la concientización en las comunidades de la importancia del sector minero energético en nuestro país.

Esta decisión aprobada por el congreso reafirma la necesaria coexistencia de las actividades extractivas con los ejes centrales de un Estado social de Derecho. La educación como columna vertebral de una sociedad que se enfrenta a diario con los retos de un mundo globalizado será fortalecida por los rendimientos provenientes del aprovechamiento responsable de los recursos naturales.


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y no comprometen al Departamento de Derecho Minero Energético ni a la Universidad Externado de Colombia.