Reflexiones sobre la explotación ilícita de minerales: memorias

El entendimiento desinformado de las problemáticas que se presentan en el acontecer social, podría derivar en consecuencias negativas -en ocasiones nefastas- para un sector que, desde siglos atrás, ha promovido la estabilidad económica del país, la generación de condiciones laborales bajo esquemas de seguridad estrictos, la inyección de capital extranjero y la legalidad como fuente de progreso.

Gracias a la iniciativa académica del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, el pasado miércoles 10 de abril se llevó a cabo un espacio de diálogo en el que participaron como conferencistas (i) nuestro director de investigaciones, doctor Milton Fernando Montoya, y (ii) el Teniente Coronel Alexander Obando Sánchez, actual Jefe de investigación criminal de la Dirección de Carabineros y seguridad rural de la policía Nacional, con el propósito de brindar una visión técnica, jurídica y empírica de los impactos de la explotación ilícita de minerales, así como de manifestar la preocupación por concientizar a toda la colectividad sobre la necesidad de tomar acciones encaminadas al debilitamiento o mitigación, y eventual erradicación de este fenómeno.

La extracción ilícita de minerales como grave amenaza que enfrenta el Estado colombiano

La explotación del recurso mineral sin el correspondiente proceso de titulación, en el que se verifique rigurosamente el cumplimiento de requisitos ambientales, sociales, económicos, jurídicos y culturales, representa una amenaza para la actividad del Estado, como quiera que logra calar en sus principios fundantes y debilitar la confianza institucional. Esta amenaza ha sido el móvil de multiplicidad de agentes nacionales y regionales que han intervenido en diversos frentes de trabajo para atacar cada uno de sus aspectos neurálgicos.

Para contrarrestar el sistema criminal que actualmente existe y sus impactos, primero ha sido necesario conocer sus causas, las cuales – dígase desde ya- en el caso particular de Colombia, son plurales y atienden a factores específicos que en mayoría de ocasiones escapan de la órbita de acción de la autoridad.

Al respecto se destaca, en primer lugar, la caracterización geográfica del país. Es decir, el hecho de que en Colombia existan regiones de difícil acceso institucional por tratarse, por ejemplo, de áreas montañosas, selváticas o simplemente con condiciones de alteración de orden público, o presencia de grupos al margen de la ley. Esto, indefectiblemente ha propiciado un abandono del Estado en territorios en que históricamente se han extraído de manera ilegal los recursos del subsuelo, así como la consecuente oportunidad de los infractores para desplegar esta conducta allí.

También se debe hacer alusión a los vacíos regulatorios como causa de la problemática descrita, pues estos -probablemente de manera genuina- han privado a las autoridades de valiosas herramientas que podrían contribuir a la investigación y sanción de conductas que constituyen tipos penales. Por ejemplo, se ha evidenciado que, si bien se ha expedido normatividad tendiente a permitir conocer detalladamente la trazabilidad del mineral comercializado y de las maquinarias con las que es extraído, las omisiones en asuntos aparentemente minúsculos han limitado la labor de individualización del criminal.

Asimismo, un motivo de peso que incentiva el ejercicio ilegal de la minería, es la rentabilidad que se predica de la venta en el mercado de los recursos naturales obtenidos. Esta rentabilidad se vislumbra al analizar que el ilegal está obteniendo utilidades por la comercialización del mineral sin haber tenido que incurrir en costos (cuantificados en dinero y en tiempo) de diligenciamiento de licencias, en realización de estudios, presentación de planes de manejo ambiental o gestión social, acreditación de idoneidad laboral, entre otros. Es decir, al comparar los costos de la operación ilícita con los ingresos obtenidos, la utilidad desborda, incluso, la obtenida por actividades como el narcotráfico.

Todo lo anterior se concatena con una realidad innegable: nuestro país cuenta con megadiversidad de recursos mineros, útiles y aprovechables en todos los sectores económicos.

A día de hoy encontramos que, el panorama de esta conducta reprochable en el ámbito penal (con posibles consecuencias económicas y privativas de la libertad), ha empezado a ser abordado con mayor detenimiento, no únicamente por las autoridades que expresamente tienen facultades para enfrentarlo, sino también por instituciones nacionales y regionales que han sufrido sus devastadores impactos -como la Agencia Nacional de Minería, los entes de control, los ministerios, entre otros-, así como por los gremios y sectores académicos que, como nuestro Departamento, pretenden cooperar en la implementación de una robusta política de Estado que propenda por la actividad minera con cumplimiento del pleno de requisitos legales, exigidos para evitar perjuicios en bienes jurídicos amparados por la Constitución Política y las normas internacionales.

Consulte el material de apoyo audiovisual empleado por los conferencistas, en el que se detallan los impactos multidimensionales ocasionados por esta actividad ilícita: