Mediante el comunicado número 07 del 5 de marzo de 2014, la Honorable Corte Constitucional anunció en la sentencia C-123 de 2014 expediente D-9700 con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, que en el proceso de autorización de actividades mineras debe acordarse con las autoridades territoriales de la zona las medidas necesarias para efectos de protección ambiental.