18 de marzo: El día de la Expropiación Petrolera en México

Daniela María Orjuela Fonseca

Durante la jornada del 18 de marzo de 1938, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el General Lázaro Cárdenas tomó una decisión histórica para el país: La expropiación de la industria petrolera.

Desde sus inicios, la industria petrolera de México fue monopolizada por empresas británicas y estadounidenses, lo anterior, debido a su fortaleza económica y posicionamiento a nivel global de sus multinacionales: La Royal Dutch-Shell y la Standard Oil de Nueva Jersey. No obstante, fue hasta 1938 que las condiciones en el sector se mantuvieron de esa manera. (Sánchez, 1999).

Para lograr comprender el contexto y la importancia de la expropiación petrolera, resulta necesario conocer la historia que antecedió a tal suceso. Mucho antes de la revolución, el gobierno de Porfirio Díaz había implementado políticas económicas de corte liberal, cuyo propósito fue incentivar la inversión extranjera. De tal manera que, en cuanto a la regulación sobre las tierras, la legislación vigente garantizaba en su totalidad el derecho de dominio del subsuelo al tenedor o propietario del bien, incentivando a las empresas petroleras a invertir en el país, bajo el supuesto, evidentemente, de que la ley les daba el derecho de explotar a perpetuidad los yacimientos encontrados (Sánchez, 1999a)

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Así las cosas, surge una ante sala que sustentaría posteriormente el suceso central de este artículo. Era 1915 cuando el presidente Venustiano Carranza creó una Comisión Técnica a la cual se le encargó la tarea de definir e implementar la política petrolera que seguiría el país (Sánchez, 1999b), dos años más tarde México adoptaría una nueva constitución que traería una norma sin precedentes: la nacionalización del subsuelo en su artículo 27. La preocupación por parte de las multinacionales no se hizo esperar, argumentaron en contra de la entrada en vigor de la norma. Su defensa se basaba en el principio de la irretroactividad de la ley. Asegurando que, si las concesiones se habían materializado en vigencia del Código Minero de 1884, eran completamente válidas (Bennett, et al, 1978).

Realmente fue el presidente Plutarco Elías Calles quien, hasta 1925 hizo efectiva aquella prerrogativa. Adicionalmente, adoptó una política más rígida en cuanto a las concesiones, pues establecía un límite temporal en su duración, confiriendo un plazo máximo de 50 años de explotación para posteriormente pasar a manos del Estado (Sánchez, 1999c). Ahora bien, pese a que en 1930 se encontraron nuevos yacimientos en Poza Rica, ciudad en el estado de Veracuz, la realidad que interpelaba a la industria petrolera durante esos años era evidente: ya había empezado a decaer; incluso, se crearon incentivos económicos desde el propio gobierno con el fin de incrementar la producción y exportación de petróleo, pero no fue suficiente (Duran, 1985)

Posteriormente, en un escenario político favorable para el populismo latinoamericano, precedido por Gerulio Vargas en Brasil en 1930 y sucedido por Juan Domingo Perón en la Argentina en 1945 (Sánchez, 1999d) en 1934 llega al poder el general Lázaro Cárdenas, quien mantuvo la aplicación al artículo 27 de la Constitución y aún más decisivo, desarrolló el 123, concerniente a las garantías de índole laboral. (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019)

En 1936 los trabajadores exigían a las compañías incrementos en sus salarios y mejores condiciones laborales. Ante la negativa de las empresas a acceder a estas peticiones, las organizaciones sindicales, que se habían consolidado gracias a la política social impulsada por el gobierno, declararon una huelga general el 28 de mayo de 1937 en las regiones petroleras. (Villarreal, 1981)

Posteriormente, una comisión gubernamental concluyó que las compañías debían reconocer aproximadamente 26 millones de pesos a favor de los trabajadores. Sin embargo, las empresas rechazaron esta determinación argumentando que dicha suma excedía su capacidad financiera y propusieron, en su lugar, el pago de 14 millones de pesos (equivalentes a 1,7 millones de dólares), oferta que resultó inaceptable para los huelguistas. (Cueva, 1985).

En consecuencia, el 18 de marzo de 1938, el presidente expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Es decir, expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila (Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la Compañía Petrolera El Agwi, entre otras, así como de sus filiales o subsidiarias. (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019)

México se convirtió en el primer país en nacionalizar su industria petrolera y crear una compañía petrolera nacional, PEMEX fundada en 1938. En síntesis, la acción fue tomada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas cuando las compañías petroleras extranjeras que operan en México decidieron desafiar una decisión tomada por el Estado, tras amargas disputas laborales y huelgas. (Blackmon, 2013).

La decisión no estuvo exenta de obstáculos financieros y sociales, que podrían ser objeto de un análisis más profundo en otra investigación. Sin embargo, se reconoce que, con este mandato se estableció que el Estado mexicano tendría el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, lo que ha permitido al Gobierno Federal tener recursos económicos adicionales a los que provienen de los impuestos, productos, derechos o aprovechamientos. (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019)

Finalmente, como resultado de este histórico acontecimiento, la percepción de los mexicanos frente a la inversión extranjera en el sector energético ha estado marcada por una profunda reserva y desconfianza. En efecto, según un artículo publicado en el New York Times el 12 de agosto de 2013 -75 años después del suceso-, “una encuesta realizada el año pasado por el CIDE, una universidad de la Ciudad de México, encontró que el 65 por ciento de los encuestados se opusieron a abrir los campos de petróleo y gas natural de México a la inversión extranjera” (Blackmon, 2013).

Sumado a lo anterior, a día de hoy se sigue conmemorando el aniversario del día de la expropiación de la industria petrolera, evidenciando que la memoria colectiva asociada a los procesos de explotación petrolera y a la defensa de la soberanía energética continúa influyendo en la opinión pública, robusteciendo y alimentando una visión nacionalista en torno a los recursos naturales estratégicos del país.

REFERENCIAS

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• Sánchez, R. A. (1999a). El impacto de la industria petrolera en la economía mexicana. Estudios Internacionales, 32(125), p. 21-23. https://doi.org/10.5354/0719-3769.1999.15001
• Sánchez, R. A. (1999b). El impacto de la industria petrolera en la economía mexicana. Estudios Internacionales, 32(125), p. 25. https://doi.org/10.5354/0719-3769.1999.15001
• Sánchez, R. A. (1999c). El impacto de la industria petrolera en la economía mexicana. Estudios Internacionales, 32(125), p. 26. https://doi.org/10.5354/0719-3769.1999.15001
• Sánchez, R. A. (1999d). El impacto de la industria petrolera en la economía mexicana. Estudios Internacionales, 32(125), p. 28. https://doi.org/10.5354/0719-3769.1999.15001
• Ros, J. (1995). Reflexiones sobre la crisis de México y sus implicaciones de política macroeconómica. América Latina/Internacional, 2(1), 136–144.
• Brown, J. C. (1985). Jersey Standard and the policies of Latin American oil production, 1911–1930. In J. D. Wirth (Ed.), Latin American oil companies and the politics of energy (pp. 1–50). University of Nebraska Press.
• Bennett, D., et al. (1978). Mexico and multinational corporations: An explanation of state action. In J. Grunwald (Ed.), Latin America and world economy: A changing international order (Vol. 2, pp. 257–282). Sage Publications.
• Duran, E. (1985). Pemex: The trajectory of a national oil policy. In J. D. Wirth (Ed.), Latin American oil companies and the politics of energy (pp. 145–188). University of Nebraska Press.
• Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2019, marzo 18). 81 aniversario de la Expropiación Petrolera. gob.mx. https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/81-aniversario-de-la-expropiacion-petrolera?idiom=es
• Blackmon, D. (2013, August 13). Mexico’s complex history with foreign oil investment. Forbes. https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2013/08/13/mexicos-complex-history-with-foreign-oil-investment/
• Villarreal, R. (1981). El petróleo como instrumento de desarrollo y de negociación internacional: México en los ochentas. El Trimestre Económico, 48(189), 3–44.
• Cueva, A. (1985). El desarrollo del capitalismo en América Latina (9.ª ed.). Siglo XXI.