La Enseñanza del Derecho para la Minería en Iberoamérica

Reflexiones desde el webinar REDMIN – 9 de octubre de 2025

Por Ana Elizabeth Bastida – Presidenta de REDMIN

El pasado 9 de octubre, la Red Latinoamericana de Derecho Minero (REDMIN) celebró el webinar “La Enseñanza del Derecho para la Minería en Iberoamérica”, un encuentro que reunió a la mayoría de los miembros del Consejo Directivo de REDMIN para reflexionar sobre los desafíos en la formación jurídica y la práctica profesional del Derecho Minero.

El diálogo mostró una disciplina en plena transformación, atravesada por la transición energética, los imperativos de la sostenibilidad y la centralidad de las dimensiones sociales y ambientales en el debate público y jurídico sobre la minería.

En el plano académico, se destacó la necesidad de enfoques más integrales e interdisciplinarios, capaces de conectar el derecho con la economía, la tecnología y las ciencias ambientales. Desde la práctica, los panelistas subrayaron que el abogado minero del siglo XXI debe conocer tanto la norma como la industria. En conjunto, las intervenciones delinearon el perfil de un profesional con visión integral, capaz de traducir la complejidad del sector en soluciones jurídicas sostenibles y socialmente legítimas.

1. Una disciplina en transformación

El profesor Milton Fernando Montoya (Colombia) recordó que el Derecho Minero se enseñaba tradicionalmente como una submateria del Derecho Administrativo o del Derecho de Bienes. En su país, explicó, la asignatura es optativa en el pregrado, aunque ha ganado espacio en los programas de posgrado y especialización. Ese interés creciente, señaló, está estrechamente vinculado con los temas ambientales y de transición energética, que movilizan a las nuevas generaciones.

Desde México, Jorge Witker situó el debate en un contexto marcado por el poder histórico del sector minero, lo que -paradójicamente- ha limitado la reflexión jurídica en torno a su regulación. Señaló que el Derecho Minero ha empezado a consolidarse en programas de doctorado. Subrayó que los tratados de libre comercio y los litigios internacionales en materia minera han abierto un campo fértil para la investigación, al revelar las tensiones entre los derechos económicos, sociales y ambientales reconocidos por las constituciones nacionales y las garantías otorgadas a los inversionistas.

Para Witker, el Derecho Minero constituye hoy un espacio de convergencia interdisciplinaria, donde interactúan inversionistas, comunidades campesinas e indígenas, ambientalistas y gobiernos locales. Las disputas sobre el uso del suelo reflejan -señaló- los conflictos ambientales más agudos de América Latina, lo que exige a la academia abordarlos desde una mirada crítica, plural y transformadora, especialmente en el ámbito de los estudios avanzados.

El profesor Diego San Martín Villaverde (Perú) coincidió en este diagnóstico y añadió una reflexión clave: la enseñanza del Derecho Minero debe migrar de un enfoque centrado en la extracción hacia uno orientado a la sostenibilidad.

“Ya no se trata solo de estudiar concesiones, exploración o explotación —señaló—, sino de regular, prevenir y construir confianza social en torno a la actividad minera.”

Propuso además fortalecer los programas académicos mediante clínicas jurídicas especializadas en minería, que permitan a los estudiantes trabajar en casos reales de negociación, conflictos territoriales y licenciamiento ambiental. Este enfoque —dijo— ayuda a pasar de una enseñanza descriptiva a una enseñanza estratégica y práctica, más cercana a los desafíos del siglo XXI.

Desde Venezuela, Mauricio Pernía Reyes aportó una mirada prospectiva. Explicó que, aunque solo la Universidad de Carabobo ofrece Derecho Minero a nivel de pregrado, se están gestando iniciativas para crear programas avanzados, como el que adelanta la Universidad Católica Andrés Bello. Propuso avanzar hacia un Derecho Minero contemporáneo, que combine la dogmática clásica con los derechos humanos, la responsabilidad corporativa, el derecho internacional minero-energético y los nuevos retos tecnológicos. Para Pernía, la transición energética y la conciencia ambiental ofrecen una oportunidad histórica para renovar la disciplina, integrando enfoques interdisciplinarios y tecnológicos que fortalezcan la formación académica y profesional del abogado minero.

El profesor Tiago de Mattos (Brasil) aportó una perspectiva complementaria sobre la educación jurídica frente al nuevo constitucionalismo minero.

“El jurista minero -afirmó- ya no puede limitarse a dominar la normativa técnica; debe interpretar las tensiones entre desarrollo económico, derechos territoriales, justicia ambiental y seguridad jurídica.”

Para de Mattos, este contexto exige una transformación pedagógica profunda: currículos que integren Derecho Constitucional, Ambiental y de los Recursos Naturales; metodologías activas que reproduzcan situaciones reales de conflicto y cooperación; y redes académicas iberoamericanas que fomenten el intercambio de casos, decisiones y experiencias. Solo así —concluyó— la enseñanza del Derecho Minero podrá contribuir a una gobernanza más justa, transparente y legítima de los recursos que sostienen la transición energética.

2. La mirada europea: el diálogo entre España y América Latina

La profesora Encarnación Montoya Martín y el profesor Íñigo del Guayo (España) aportaron una perspectiva europea, reconociendo el rezago en la enseñanza del Derecho Minero en su país.

Montoya señaló que, incluso en regiones con tradición extractiva, la disciplina prácticamente ha desaparecido de los programas universitarios. Subrayó que la falta de formación específica contrasta con el resurgimiento del interés por la minería ante los retos de la transición energética, la economía circular y la sostenibilidad. Reivindicó un enfoque holístico e interdisciplinario que incorpore dimensiones ambientales, territoriales y tecnológicas, y abogó por recuperar el interés académico con una visión interdisciplinaria que incorpore los retos de la transición energética, la economía circular y la participación pública.

Del Guayo complementó esa visión destacando que, aunque la minería apenas figura en los planes de estudio españoles, algunos másteres -como el de Derecho de los sectores regulados de la Universidad Carlos III o el de Derecho de la Energía del Club Español de la Energía- han comenzado a incorporar módulos sobre minería vinculados a los materiales críticos para la transición energética. Del Guayo subrayó también el valor del diálogo iberoamericano:

“Si en el pasado España llevó su derecho de minas a América”, dijo, “hoy nos corresponde aprender de la experiencia latinoamericana.”

3. La práctica profesional y el rol del abogado minero

El segundo panel abordó los desafíos de la práctica profesional y el papel cambiante del abogado minero.

Rafael Vergara (Chile) destacó que el abogado minero debe comprender la industria, su lenguaje técnico, su lógica económica y su evolución tecnológica. Identificó cinco dimensiones clave: el conocimiento del negocio minero, la comprensión de su cultura y lenguaje técnico, la gestión del riesgo y los plazos, la articulación entre múltiples áreas del Derecho (ambiental, de aguas, financiero y corporativo) y la conciencia del impacto político y social del sector.

“La única seguridad que puede tener un minero -señaló- es la seguridad jurídica que le brindan leyes y contratos bien hechos.”

Florencia Heredia (Argentina) retomó esas ideas y subrayó la dimensión política y federal del Derecho Minero argentino, donde la coexistencia de competencias nacionales y provinciales exige una sólida formación en Derecho Constitucional y comparado. Recordó además que la minería debe entenderse como política pública, vinculada al desarrollo sostenible y a la gobernanza territorial.

Desde Ecuador, Paola Bermúdez propuso analizar el trabajo del abogado como un proceso evolutivo que acompaña las distintas etapas del proyecto minero: desde la debida diligencia hasta el cierre. Destacó que el abogado se convierte en estratega, gestor regulatorio y negociador, capaz de dialogar con ingenieros, economistas y comunidades, traduciendo la complejidad técnica y social del sector en soluciones viables. Señaló la necesidad de fortalecer habilidades de análisis regulatorio, negociación y comunicación interdisciplinaria.

Síntesis y reflexiones finales

A modo de cierre, quisiera ofrecer una síntesis y compartir algunas reflexiones acerca de algunas ideas eje surgidas del intercambio y los desafíos que enfrenta hoy la enseñanza del Derecho Minero en Iberoamérica.

En primer lugar, se evidenció que el Derecho Minero ha tenido históricamente una presencia limitada en los planes de estudio de la carrera de Derecho, aunque en los últimos años se advierte una evolución significativa en los programas de posgrado. Estas nuevas propuestas muestran mayor solidez y especialización, y responden al interés creciente de profesionales que buscan comprender la minería desde una perspectiva más amplia, interdisciplinaria y sostenible.

En segundo lugar, se reafirmó que el Derecho Minero es un campo dinámico y estratégico, situado en el centro de los grandes desafíos económicos, sociales, ambientales y energéticos que enfrentan en distinta medida tanto América Latina como Europa. Su enseñanza y estudio requieren enfoques sistémicos que integren derecho, economía, tecnología, ciencias ambientales y sociales, y promuevan una formación orientada a la resolución colaborativa de problemas.

Desde la práctica profesional, los panelistas subrayaron la necesidad de formar abogados con visión integral, ética y multidimensional, profundamente conocedores de la industria y capaces de desenvolverse en escenarios de creciente complejidad, en diálogo con la industria, las comunidades, los gobiernos y la sociedad civil.

Finalmente, emergió con fuerza la necesidad de repensar el papel de la universidad y de la academia: actualizar contenidos, fortalecer la investigación aplicada —incluida la formación doctoral— y tejer redes que conecten aula, territorio y políticas públicas. En este sentido, el diálogo iberoamericano se perfila como una herramienta imprescindible para compartir experiencias, materiales y metodologías, y avanzar hacia una agenda común de cooperación académica y profesional.

Mirando hacia adelante, esta conversación nos deja un punto de partida valioso para diseñar nuevas iniciativas de cooperación académica y profesional, orientadas al fortalecimiento del Derecho Minero en Iberoamérica.

En última instancia, comprender el Derecho Minero del siglo XXI exige adoptar una perspectiva verdaderamente global.Solo desde esa mirada es posible apreciar la interdependencia entre los niveles normativos —internacional, nacional y local— y la diversidad de actores que participan en la gobernanza de los recursos naturales. Esta perspectiva implica integrar la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el desarrollo económico en la toma de decisiones sobre los proyectos mineros, y articular de manera coherente esos niveles normativos interconectados para avanzar en la realización de los objetivos de la sostenibilidad. 

Por ello, la construcción de esta disciplina no puede ser una tarea individual ni aislada: es, por definición, una empresa colectiva y colaborativa. Requiere redes académicas y profesionales que dialoguen entre regiones, lenguajes y tradiciones jurídicas, capaces de conectar la teoría con la práctica, el aula con el territorio, y la escala local con los marcos globales. Desde esa cooperación, podremos avanzar hacia un Derecho para la Minería más integrado, plural y orientado al bien común.

Desde REDMIN, extendemos la invitación a sumarse a este espacio de colaboración, con el propósito común de contribuir a un Derecho para la Minería alineado con los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Miembros del Consejo Directivo de RedMin que participaron en el Panel

Ana Elizabeth Bastida, Profesora, Universidad de Dundee, Escocia, y miembro del Consejo Académico de la Maestría en Gestión del Negocio Minero, Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina (moderadora del Panel).

Paola Bermúdez, Socia Tesserae Bureau, Quito

Iñigo del Guayo, Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Almería

Tiago de Mattos, Socio William Freire Abogados, Minas Gerais, y Presidente, Instituto Brasileiro de Direito Minerário

Florencia Heredia, Socia Allende & Brea, Buenos Aires

Encarnación Montoya, Catedrática de Derecho Administrativo, Universidad de Sevilla

Milton Montoya, Director, Departamento de Derecho Minero-Energético, Universidad Externado de Colombia

Mauricio Pernía Reyes, Profesor Investigador, Universidad Católica del Táchira

Diego San Martín, Profesor, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Lima y Director del Área de Derecho Minero, Caro & Asociados

Rafael Vergara, Socio Carey Abogados, Santiago de Chile y Profesor de Derecho Minero, Universidad de Chile y Universidad de los Andes 

Jorge Witker, Profesor Investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México